La Asamblea de Madrid, a lo largo de la tarde de este jueves 05 de noviembre de 2015 aprobó, por mayoría (77 votos VS 47 votos) la llamada PNL (Proposición No de Ley), por la que se exige al Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid la restitución del 20% arrebatado a los abogad@s allá por 2012, así como al pago de los SOJ (Servicios de Orientación Jurídica).
Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de estas medidas, luchando por la restauración de un Turno y unos servicios de orientación de calidad, y sufragados, como corresponde, por la Comunidad de Madrid, todos, a excepción del PP. Sin embargo, y a pesar de los avances conseguidos y del mérito que por ello merecen todos los movimientos, asociaciones y partidos políticos participantes a favor, aun se ha de ir un paso más allá y reclamar, además, la actualización del IPC desde 2003 – alrededor de un 26% más se debería cobrar por los servicios del Turno de Oficio realizados -.
A pesar de la oposición planteada por el PP a este respecto, no solo ayer sino en incontables ocasiones, y del invisible papel que ha jugado durante demasiados años respecto de los problemas del Turno de Oficio – más allá de la total indiferencia alternada con ataques a la profesionalidad, retribución y calidad del servicio prestado por los abogad@s – parece que empieza a ser un tema a «poner sobre la mesa», aunque nadie duda del carácter electoralista de estas medidas. Lo que es indudable es que si bien se ha pasado por encima de nosotros, los abogados y abogadas no hemos dejado de plantear nuestras demandas y hemos apostado por luchar por el Turno de Oficio, y es por ello que no vamos a dejar de hacerlo, ni vamos a conformarnos con lo conseguido, pues no se trata de ningún regalo. Se trata de lo que es justo.
Durante la presentación de la PNL estaban presentes miembros de ALA, de APAEM, de la plataforma en defensa del Turno de Oficio y de la Junta de Gobierno del ICAM. La Proposición no de Ley ha sido aprobada democráticamente por la Asamblea de Madrid pero no es vinculante, por lo que el Gobierno de la Comunidad podría desoírla pese a la imagen poco democrática que daría a las puertas de unas elecciones generales.